El viacrucis que enfrentan miles de usuarios para cancelar una tarjeta de crédito o débito podría estar cerca de terminar. Se ha presentado una iniciativa clave de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, diseñada para equilibrar la balanza entre las instituciones financieras y los clientes. La propuesta ataca frontalmente las prácticas de retención abusivas y establece un plazo máximo de tres días hábiles para que cualquier usuario pueda dar de baja sus productos, sin costo y sin los trámites excesivos que hoy saturan a la CONDUSEF.
Tres días para el adiós: Sin comisiones ni penalizaciones
El núcleo de la iniciativa es claro: garantizar que cualquier persona pueda cancelar su tarjeta de crédito o débito en un plazo máximo de tres días hábiles. Esta medida busca eliminar las barreras burocráticas que, en la práctica, «atrapan» a los clientes en contratos financieros que ya no desean.
La propuesta es específica al detallar que esta cancelación deberá realizarse sin costos adicionales, sin comisiones, sin penalizaciones y, fundamentalmente, «sin trámites excesivos». Esto ataca directamente las tácticas de retención que los usuarios reportan constantemente, como las transferencias telefónicas interminables, las llamadas «caídas» o los departamentos de retención que obstaculizan el proceso.
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Digitalización obligatoria y el fin de la publicidad engañosa
Un segundo pilar de la reforma, y quizás el más relevante para la era moderna, es la obligación de ofrecer múltiples canales de cancelación. Las instituciones financieras deberán poner a disposición de los usuarios opciones presenciales, telefónicas y, crucialmente, digitales (como aplicaciones o chats). Esto evitaría que los bancos obliguen a los clientes a trasladarse físicamente a una sucursal, un obstáculo común para la cancelación.
La iniciativa también busca atajar otros abusos del sector. De aprobarse, se prohibiría la emisión de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario y se sancionaría la publicidad engañosa. Esto último se refiere a prácticas comunes donde se ofrecen tarjetas «sin anualidad» que terminan generando cobros inesperados, o beneficios que no son reales. Además, la reforma obligaría a los bancos a reembolsar cobros indebidos, colocando la responsabilidad total en el emisor y no en el cliente.
Cifras que urgen al cambio
La necesidad de esta reforma se sustenta en cifras contundentes. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, en México existen más de 37 millones de tarjetas de crédito activas, y seis de cada diez adultos poseen una tarjeta de débito. A pesar de esta masividad, los problemas persisten. La CONDUSEF registró en 2024 más de 250,000 reclamaciones, muchas de ellas ligadas a la falta de canales efectivos para la cancelación. Los promotores de la iniciativa señalan que el objetivo final es fortalecer la confianza en el sistema financiero, asegurando que las instituciones actúen con transparencia y sirvan a las personas, y no al revés.
